Los gobiernos locales están llamados a ser los principales promotores del desarrollo comunal, pero también, en la misma esencia de esa labor, nos corresponde velar por la defensa y protección de los y las habitantes ante cualquier injusticia o amenaza.
Hoy esa amenaza e injusticia se baraja de la mano de una propuesta de negociación presentada por el gobierno central ante el FMI que incluye una serie de medidas que, de primera entrada, golpean directamente a los hogares más necesitados de nuestro país.
Es imposible callar ante tal intención y al igual que varios Alcaldes y Alcaldesas del país, ME OPONGO ROTUNDAMENTE ante tal propósito y hago el llamado vehemente al Poder Ejecutivo para que escuchen a las comunidades: no se pueden seguir cargando las responsabilidades financieras del Estado en los hogares más pobres, miles de hogares que apenas logran cubrir sus propias necesidades.
Entre lo propuesto por el gobierno central está el aumento del impuesto a las propiedades que de entrada es una medida brusca y cruel; desde la Municipalidad día a día vemos los esfuerzos de muchas familias para poder pagar el impuesto a bienes inmuebles, una obligación que ya es una carga importante para muchos sectores y ahora pretender triplicar ese monto es un acto doloroso e inhumano.
Con esta propuesta, las Municipalidades se convertirán en perseguidoras de aquellos que no puedan pagar, una responsabilidad endilgada que no debemos aceptar; reitero mi oposición a esta propuesta e invito a compañeros y compañeras integrantes de los gobiernos locales del país a manifestarse de la misma manera.
 
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